gestión pública comunitaria de la energía: una propuesta desde la economía social y solidaria22/5/2020 El gobierno de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el acuerdo de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional donde el sector empresarial lo denuncia como una limitación y control de la generación y distribución de energías renovables, lo cual es descabellado. En realidad, esto es una disputa por el sector energético en el país que no es nueva, ha pasado por un proceso histórico de nacionalizaciones y privatizaciones, querellas nacionales e internacionales.
Lo que está en juego está entre dejar en manos del estado el control de la energía o entregarla a la mano invisible del mercado; entre dejar que la renta petrolera sea usada por el sector público nacional o que sean las corporaciones extranjeras las que se enriquezcan con los recursos nacionales. Desde esta perspectiva comprendemos las nacionalizaciones de la industria eléctrica y petrolera en tiempos de Lázaro Cárdenas y de López Mateos, así como la privatización en tiempos del neoliberalismo y, ahora, este viento nacionalizador en manos de López Obrador. Sin embargo, esta formula bipolar nacionalizar-privatizar no es suficiente, y es claro que los capitales trasnacionales beneficiados con la reforma energética de 2013 se encuentran en una abierta lucha por mantener sus privilegios, nos parece claro también que lo público debe primar sobre lo privado, y urgimos por la implementación de formas ecológica y socialmente más justas de generar y consumir energía. En este sentido, creemos que el acuerdo publicado por la SENER es positivo. No es real que detenga los desarrollos de las energías renovables, lo que propone es ir en contra de la discrecionalidad y de las altas tasas de ganancia de las trasnacionales energéticas a costa del erario público. Sin embargo, señalamos claramente: esto no es suficiente. Urge poner en marcha políticas público comunitarias de generación de energía social y ecológicamente sustentable. No es suficiente que la energía sea “verde”, pues su modelo es de grandes extensiones de territorio con miles de paneles o miles de aerogeneradores que no son ecológicos ya que desplazan comunidades y acaban con las economías locales de producción de alimentos y de cuidado del agua. No es suficiente tampoco que CFE controle todo; existen decenas de comunidades rurales y urbanas que están en capacidad de generar energía a pequeña escala para disminuir la demanda de los combustibles fósiles. Proponemos colocar en la agenda del sector social y solidario la construcción de la soberanía energética, entendida como la gestión comunitaria de la energía. La economía solidaria se construye desde abajo, desde la organización comunitaria y barrial, desde la autonomía y la autogestión, desde un amplio y diverso sector social que incluye cooperativas, organizaciones, asociaciones civiles y colectivos muy diversos. Proponemos esquemas comunitarios y público-comunitarios de gestión de la energía que resuelvan directamente la pobreza energética. Y aunque defendemos a la Comisión Federal de Electricidad frente al capital privado, comprendemos que la descomunalidad de la CFE también atenta contra los pueblos y comunidades. Por tanto, desde la economía solidaria buscamos construir la energía de manera diferente: local y autogestionada, donde las personas podamos decidir sobre los flujos energéticos, esto es: ¿energía para qué y para quién? Energía para promover vida buena y no como mercancía para generar lucro, no una energía contaminante sino una que emane de los contextos territoriales: donde hay sol, fotovoltaica; donde hay ríos, micro hidroeléctrica; donde hay viento, micro eólica; donde hay mar, mareomotriz; etc. Así, construimos energía desde los pueblos para los pueblos. ¡MUJER, TIERRA, AGUA Y ENERGÍA NO SON MERCANCÍA! Haz clic aquí para editar.
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